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Gustavo Ortiz Millán*
* Doctor en filosofía por la Universidad de Columbia. Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, investigador visitante de la Universidad de California en Berkeley y miembro de El Colegio de Bioética. Recientemente publicó La moralidad del aborto (Siglo XXI, México, 2009).
1. Una guerra perdida y contraproducente Cada vez más gente en México piensa que la llamada “guerra contra las drogas” es una guerra perdida, de que es y será siempre inútil; al mismo tiempo mucha gente está llegando a la conclusión de que una manera de acabar con la violencia que ha generado el narcotráfico es a través de la despenalización del consumo de drogas. Eso es difícil de saber. Sin embargo, desde el gobierno escuchamos lo contrario: Felipe Calderón, en diciembre de 2006, declaró la guerra a las drogas y su retórica se ha radicalizado, a pesar de que la realidad nos muestra que la violencia generada por esta guerra es mucho peor que nunca antes. A pesar de la retórica gubernamental, esta estrategia no ha tenido éxito en el pasado ni lo tendrá, básicamente porque crea muchos de los problemas que dice tratar de solucionar. En otras palabras, la guerra contra las drogas no sólo es inútil, sino que también es contraproducente: las consecuencias negativas de la prohibición y de la guerra contra las drogas son mucho más perjudiciales para la sociedad de las que podría tener la despenalización. De hecho, mientras más tiempo se prologue esta guerra, peores serán las consecuencias. Todo esto, claro, requiere datos y argumentos.
2. Un poco de historia Hoy en día se nos dice que existen razones de salud pública, de seguridad y de moralidad para prohibir las drogas. Sin embargo, vale la pena analizar brevemente de dónde salieron estos argumentos que hoy parecen convencer a sociedades enteras.
El prohibicionismo es la posición en la que el Estado prohíbe parcial o totalmente la producción, tráfico, tenencia y consumo de drogas y los penaliza. El prohibicionismo es un fenómeno reciente en la historia de las drogas: durante literalmente miles de años, las drogas han estado disponibles para su consumo en distintas culturas, sin que, en general, éstas hayan considerado que era necesario prohibirlas y penalizar a quienes las produjeran o las consumieran. El prohibicionismo que conocemos hoy en día surge a fines del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos, en voz de políticos puritanos que exigen la penalización de cualquier uso “no médico” de las drogas. Este puritanismo, a su vez, fue una reacción xenófoba ante la ola de migraciones que se dieron en Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX: así, se culpaba al opio por la “conducta inmoral” de los chinos, a la cocaína por los ultrajes sexuales de los negros, y al alcohol por los excesos de los irlandeses. Así, se prohibió la cocaína, la heroína y drogas relacionadas en 1914. La marihuana se prohibió en 1937 luego de la inmigración de mexicanos poco antes de la Gran Depresión.1 De este modo, este puritanismo xenófobo terminó satanizando el uso de cualquier droga y abogando por su penalización. Por otro lado, la Asociación Farmacéutica y la Asociación Médica Americana vieron la oportunidad de aliarse con el puritanismo para obtener el control del mercado de las drogas. Desde entonces, las grandes compañías farmacéuticas han abogado por el prohibicionismo, dado que es mucho más conveniente para ellas tener el mayor control posible del mercado, que no se consigue si las drogas están disponibles para su libre acceso, que es lo que sucedía antes de la prohibición, que se cristaliza con la llamada Ley Seca, de 1919 a 1933. No es casual que las grandes compañías farmacéuticas —que habían sido fundadas a fines del siglo XIX o principios del XX— tuvieran un periodo de auge tras la prohibición. Fue a partir de entonces que el Estado empezó a penalizar la producción y el consumo de drogas. Pero a pesar de que el prohibicionismo tiene su origen históricamente en una posición puritana y en los intereses económicos de las grandes farmacéuticas, nada de esto podía servir para justificar teóricamente la prohibición. Eran necesarios los argumentos de que las drogas son un problema de salud pública, de que generan conductas antisociales y pérdida de autonomía, para justificar el uso de la maquinaria del Estado para prohibir que un individuo adulto y autónomo consuma drogas o se haga adicto a ellas —que, por cierto, son cosas muy diferentes—. Sin embargo, hay que notar que antes de la Prohibición esos argumentos nunca se usaron para prohibirlas. Aunque esto es algo que no argumentaré aquí,2 creo que los argumentos que usa el prohibicionista no son tan sólidos como parecen y que más que el uso, o incluso el abuso, de las drogas, ha sido la prohibición la que ha tenido consecuencias indirectas en la salud pública y en la generación de conductas antisociales. Las consecuencias que tuvo el prohibicionismo de los años 20 son muy ilustrativas para nuestra época. Dado que los consumidores de alcohol pasaron a considerarse como criminales, tuvieron que crearse nuevas prisiones; el alcohol se siguió consumiendo de manera clandestina, pero en vez de consumir el alcohol nacional, que dejó de producirse, el alcohol extranjero se introducía de contrabando a través de México, Canadá o las Bahamas; esto, obviamente socavó el respeto por la ley dado que los bebedores la violaban cotidianamente, y corrompió a miles de funcionarios públicos y policías, que se hacían cómplices de las poderosas mafias italianas y judías que surgían. Esos fueron algunos de los efectos de la prohibición, pero la disminución del consumo de alcohol fue mínima. En 1933, el gobierno decidió levantar la Ley Seca, pero tengo la impresión de que las razones para hacerlo no fueron lo inútil y lo contraproducente de la prohibición, sino la presión de las compañías productoras de alcohol. Sin embargo, la prohibición a otras drogas recreativas continuó; tal vez porque los productores de opio o marihuana no podían ejercer la influencia que ejercieron los productores de alcohol. Las mafias que ya se habían creado se enfocaron entonces al mercado de estas drogas. Con la prohibición a las drogas los Estados contemporáneos están cometiendo los mismos errores que se cometieron con el alcohol, pero los efectos se han multiplicado y de esto quiero hacer un recuento aquí. Tras este recuento, espero haber justificado mi hipótesis de que mientras más tiempo se mantenga la prohibición, peores serán los efectos.
3. Una guerra inútil Empecemos por donde mucha gente que critica la guerra contra las drogas empieza: con consideraciones económicas. México gastó alrededor de 6,400 millones de dólares (alrededor de 90 millones de pesos) entre 2007 y 2008 en su guerra contra las drogas3 (a estos deberíamos añadirle los 1,400 millones de dólares de la Iniciativa Mérida, que Estados Unidos desembolsará a partir de 2010). Los miles de millones que México gasta anualmente en esta guerra están siendo despilfarrados: a pesar de los miles de narcotraficantes arrestados cada año (por ejemplo, de 2006 a 2008 fueron detenidos 33,280 narcotraficantes), de las miles de armas de todos tipos que son confiscadas (sólo un 1.35% en valor monetario de lo que constituye el negocio del narcotráfico en México) y de la cantidad de droga incautada por el gobierno federal (un 4.65%),4 las drogas a disposición de los consumidores no han disminuido. Prueba de ello es que el precio de la droga en las calles se ha mantenido e incluso en muchos casos ha bajado (por ejemplo, el precio del gramo de cocaína a nivel mundial ha pasado de $70 dólares por gramo en 1990 a $30 en 2006); esto sólo quiere decir que en lugar de haber disminuido la oferta, ésta se ha incrementado. Todo esto también quiere decir que a pesar de los esfuerzos de la justicia penal, de la lucha del ejército, de la AFI y de la policía judicial federal para detener el tráfico de drogas, estos han tenido poco efecto en el precio, la disponibilidad y el consumo de drogas. El presupuesto que destina el gobierno federal al combate al narcotráfico está siendo desperdiciado en la aplicación de las leyes contra las drogas. Lo peor del caso es que el presupuesto destinado a esta guerra tiende siempre a incrementarse. Cuando aumenta el consumo de drogas, el gobierno aumenta el presupuesto para luchar contra la amenaza creciente; si el consumo disminuye, se argumenta que sería erróneo bajar los esfuerzos cuando las cosas van mejorando. Sea cual sea el escenario, el gasto estatal se mantiene o se incrementa, pero nunca disminuye. El análisis económico a favor de la despenalización de las drogas suele decirnos, no sólo que todo el dinero que se gasta en esa guerra está siendo desperdiciado, sino que la despenalización traería como consecuencia que la industria de las drogas, que ahora está en la informalidad y en la ilegalidad, ingresara al sector formal y le permitiera al Estado recaudar mucho dinero en impuestos.
Más allá de que se esté tirando el dinero destinado a la lucha contra el narcotráfico, esta guerra es inútil y no hay forma de ganarla porque, por más que se encarcele a los narcotraficantes y se les incauten armas y droga, el negocio es tan redituable, que nuevos narcotraficantes siempre cubrirán los lugares que han dejado los que han sido arrestados. Como ha afirmado el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada recientemente, en una entrevista con Julio Scherer: “En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí.”5 Eso es algo que todos sabemos: que si se detiene a los capos actuales de los principales cárteles, otros nuevos vendrán a cubrir sus lugares (por ejemplo, tras el encarcelamiento de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, tomaron el mando de una parte del cártel; a su vez, tras su arresto, ellos fueron sustituidos por su sobrino Luis Fernando Sánchez Arellano). También sabemos que si, por ejemplo, se descabezara al cártel de Sinaloa (que lideran El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada), entonces es probable que sólo se esté beneficiando al cártel de Juárez, a los Beltrán Leyva y a los Zetas, todos ellos sus acérrimos rivales.6 Pero más que los grandes capos, es a nivel de la distribución y de la intermediación entre los cárteles y los consumidores finales donde los narcotraficantes son más que sustituibles. Como nos dice la especialista en temas de drogas, la psicóloga María Elena Medina-Mora:
Cuando se habla de distribución de drogas se piensa en narcotráfico y crimen organizado; sin embargo el mercado más importante ocurre en las calles a través de redes de individuos fácilmente sustituibles, organizaciones pequeñas que operan en forma descentralizada y que colocan una amplia red de intermediarios entre el individuo y el vendedor; es en este escenario en donde nuestros jóvenes tienen acceso a las drogas. Por ello, detener a un gran número de distribuidores no tiene efectos si no se reduce simultáneamente la demanda a través de programas de tratamiento y prevención.7
Son esos narcomenudistas los que son más fácilmente detectables, a los que se suele arrestar y los que son más fácilmente sustituibles. También son ellos los que están encargados de fomentar el consumo entre los jóvenes, o sea, son los encargados de ampliar el mercado y conseguir nuevos clientes. Como se ha afirmado repetidamente, la penalización crea a los narcotraficantes, y los narcotraficantes crean a los adictos (son muchos adictos arruinados quienes actúan como incitadores de consumo para los traficantes, y muchas veces son recompensados con regalos de droga o con créditos sobre la mercancía). Si es cierto que la penalización crea a los narcotraficantes y éstos a los adictos, entonces, como he afirmado, mientras más tiempo continúe la penalización, más adictos se habrán creado.
La cuestión de por qué los narcotraficantes se reproducen rápidamente y de por qué son tan fácilmente sustituibles tiene que ver con que en un contexto de pobreza y de falta de oportunidades, la producción ilícita de drogas y el narcotráfico encuentran un campo muy propicio de desarrollo. Aun cuando las ganancias suelen ser muy desiguales en los distintos momentos de la cadena de producción y distribución de drogas, y aun cuando la corrupción merme muchísimo sus ganancias y llegue en ocasiones a generar pérdidas, incluso quienes menos ganan suelen ganar más, por ejemplo, reemplazando cultivos de productos agrícolas mal pagados por cultivos de drogas, o vendiendo drogas en la calle que vendiendo otros productos en el mercado informal o que en un empleo formal con sueldo mínimo. No es casual que se haya trazado una correlación negativa entre la producción ilícita de drogas y el desarrollo económico de un país.8 Si un país no le ofrece oportunidades de desarrollo económico a sus habitantes, muchos de ellos se verán obligados (aunque en muchos casos literalmente obligados por los narcotraficantes) a buscarlas en el negocio de las drogas. En México, donde cada vez más gente ve limitadas sus oportunidades de desarrollo económico, es natural que muchos estén dispuestos a aceptar tomar los riesgos que presenta el narcotráfico. Pero no sólo la pobreza y la desigualdad económica, sino también la escasez de recursos vitales, los conflictos, la degradación del medio ambiente están creando condiciones en las que los miembros más vulnerables de la sociedad suelen ser los más golpeados. Todos estos factores han llevado a mucha gente a optar por el camino de la producción o la distribución de droga. Si todo esto es cierto, entonces en el futuro veremos cómo se acrecienta este fenómeno.
Por otro lado, los esfuerzos de controlar la producción parecen también estar condenados al fracaso, por lo que se ha llamado el efecto “aprieta aquí y se hincha allá”: cuando se destruye el suministro de drogas en un lugar, éste reaparece en otro lado.9 Cuando se mina el poder de un cártel, entonces se beneficia a otro; cuando se erradica la producción de una droga, entonces aparece una nueva.
Hasta aquí he argumentado que la guerra contra las drogas es inútil y es una guerra perdida, porque no hay forma de ganarla, básicamente porque aunque se siga encarcelando a los narcotraficantes y a quienes producen las drogas, siempre habrá gente dispuesta a cubrir los puestos vacantes. Mientras no se mejoren las condiciones económicas del país, entonces se seguirá viendo en el narcotráfico un incentivo para salir adelante.
4. Una guerra contraproducente
Ahora, una cosa es que la guerra sea inútil y otra que sea contraproducente. Se dice de algo que es contraproducente cuando tiene efectos opuestos a la intención con que se ejecuta. Quiero hacer un breve recuento de algunos de los males que la penalización y la guerra contra las drogas generan, muchos de ellos son mayores que los que causa el uso mismo de las drogas.
a) La guerra contra las drogas genera cada día más violencia
Muere más gente por violencia relacionada con el narcotráfico que por conducta antisocial relacionada con el consumo de drogas, para lo cual no hay datos, ya que éste es un fenómeno clandestino e ilegal. Supongo que debe ser un número muy menor, dado que la droga de mayor consumo en nuestro país es la marihuana, que es una droga que más que incitar a conducta antisocial, apacigua. (Obviamente, sobra decir que muere más gente por violencia relacionada con el narcotráfico que por el consumo de drogas, pero de nuevo, no existen datos precisos.)
De lo que sí tenemos datos es de ejecuciones atribuidas al narcotráfico: en 2008, hubo 4,281 muertos en todo el país (incluyendo hombres, mujeres y niños) relacionadas con el narcotráfico, mientras que en 2007, que fue de 2,794.10 Se calcula en casi 22 mil 700 las muertes que ha ocasionado la guerra contra las drogas en la administración de Calderón.11 (Quienes favorecen un análisis económico de la despenalización añadirán que el horror y lo sanguinario con que las cifras de ejecutados se anuncian diariamente amenazan las inversiones y el turismo.12) Dado que los cárteles de la droga se manejan en la ilegalidad, y dada la gran competencia que existe entre ellos para ganar el mercado, y que no tienen recursos legales para hacer cumplir sus contratos y solucionar sus diferencias, entonces se ven obligados a recurrir al uso de violencia. Esto muy probablemente no lo harían si se tratara de negocios legítimos que se manejaran en el marco de la ley. Muchos teóricos, pero también muchos ciudadanos que sufren diariamente la violencia generada por el narcotráfico, sostienen que la despenalización pondría fin a la violencia del narco. Es difícil saber exactamente qué sucedería con la despenalización, pero lo que sí sabemos es lo que está sucediendo con la prohibición y con la guerra a las drogas. Ahora, a la violencia generada por la competencia entre cárteles de narcotraficantes hay que añadir la violencia que genera el Estado en su guerra contra los narcos. Una opinión muy extendida es que el número de muertos en esta administración ha aumentado porque el gobierno ha tomado una política mucho más agresiva en contra de los narcotraficantes (que ha incluido extradiciones sin justificación judicial y el uso del ejército en el combate a las drogas, entre otras estrategias), generando así reacomodos de poder y de zonas de influencia, ajustes de cuentas que han llevado a más competencia y han disparado más violencia interna entre cárteles. Si esto es así, entonces mientras más combata el gobierno a los narcotraficantes, más violencia interna y más inseguridad se generará.
Por otro lado, las limitaciones que ha impuesto el gobierno al tráfico de drogas han obligado a los narcotraficantes a diversificar sus actividades, de modo que ahora abarcan 25 figuras delictivas, como secuestro, tráfico de personas, piratería, extorsiones, entre otras muchas.13 Esto sólo ha tenido como consecuencia que los cárteles sean más violentos, dado que el mercado es cada vez más competido.
b) La guerra contra las drogas genera más corrupción
Las ganancias gigantescas que produce el narcotráfico, así como el hecho de que éste se mantenga en la ilegalidad, han hecho casi inevitable la corrupción en la policía, el ejército, el poder judicial, en muchos funcionarios públicos, pero también entre los empresarios.
Informes de inteligencia civiles y militares estiman que alrededor de 62% de los agentes policíacos del país (ya sean de corporaciones estatales, ministeriales, municipales o federales), han sido controlados por el narcotráfico, y las sumas que reciben mensualmente van de los 5 mil hasta 70 mil pesos, cantidad que depende del rango, el desempeño, el sector o la zona en que cada uno labora.14 Es difícil sucumbir a la corrupción cuando se ofrecen enormes sumas de dinero, mientras por otro lado la alternativa es arriesgar la vida en esfuerzos ineficaces por parar algo que a muchos parece imparable.
Ahora, si se limpian los cuerpos policíacos, esto también puede resultar contraproducente, ya que, dado el conocimiento que los policías suelen tener del negocio del tráfico de drogas, y en muchas ocasiones, sus vinculaciones con traficantes, es relativamente sencillo para ellos pasarse al bando que antes supuestamente combatían. El ejército no se ha mantenido al margen: se calcula en un 11.2 el promedio de deserción del ejército en 2007;15 no es irreal pensar que un buen porcentaje de esta gente está pasando al bando del narcotráfico (de hecho, los zetas y los kaibiles son ejemplos de este fenómeno). Sin embargo, otra vez no es posible contar con información precisa sobre este fenómeno. La corrupción, como todos sabemos, no sólo se limita a los cuerpos policíacos, sino también a los funcionarios públicos e incluso al poder judicial. El poder corruptor del narcotráfico ha llegado hasta la compra de presidentes municipales, como parecen mostrarlo las recientes detenciones de alcaldes y funcionarios de seguridad en Michoacán, pero incluso de gobernadores (recuérdese el célebre caso de Mario Villanueva en Quintana Roo) y también de jueces.
Finalmente, el narcotráfico se ha infiltrado de tal modo en la sociedad que ha pactado con muchos empresarios en operaciones de lavado de dinero o de venta de seguridad, entre otras actividades. Cada día son más los empresarios que están bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico. Se sospecha cada vez más que algunos bancos, protegiéndose bajo el secreto bancario, sólo encubren delitos como el tráfico de drogas, armas o el lavado de dinero.
c) Prisiones más congestionadas y “narcotización del sistema judicial”
Se habla de 150 a 300 mil personas involucradas con el narcotráfico: ya sea en la producción o en la distribución de drogas. Según información de la Procuraduría General de la República, durante los seis años del gobierno de Vicente Fox se logró la captura de 64 mil personas involucradas en el narcotráfico, crimen y delincuencia organizada, de los 7 cárteles que operan en México.16 Por otro lado, la capacidad total del sistema penitenciario en México es de 217,457 internos (51,181 de los cuales son presos del fuero federal), que ya desde hace tiempo ha sido rebasada en 51,710 internos.17 Esto nos lleva a pensar en un colapso del sistema penitenciario en México. Ahora, en 2007, de los 31,264 delincuentes sentenciados del fuero federal, 15,339 estaban relacionados con materias de narcóticos y 10,695 con uso de armas de fuego (un delito estrechamente vinculado al anterior). Esto querría decir que el 83.2% de los procesos judiciales del fuero federal que se llevan a cabo en México tienen que ver con el narcotráfico (esto es 15% más con respecto a 2002). A esto lo podemos llamar la “narcotización del sistema judicial mexicano”.18 Los tribunales federales se han convertido en tribunales de drogas. Esto ha hecho que los procesos no relacionados con drogas se demoren más. En resumen, la guerra contra las drogas hace más ineficientes a nuestros tribunales federales y también puede llevar al colapso a nuestro sistema penitenciario.
d) Se lesionan libertades civiles En el nombre de la guerra contra las drogas se lesionan libertades y derechos civiles, así por ejemplo lo ha hecho recientemente Felipe Calderón al pasar iniciativas de ley en las que implícitamente se nos pide que aceptemos ciertos perjuicios en nuestras garantías constitucionales y en que tengamos una confianza ciega en los cuerpos represivos del Estado, a los que cada día se les dota de más poder y de mayor discrecionalidad.
Algunas estrategias del gobierno han consistido en grabar conversaciones, en avalar el arraigo penal y la extinción de dominio. La nueva Ley contra el Narcomenudeo, aprobada por la Cámara de Senadores en abril pasado, hace más fácil que la policía pueda interrogar y detener “posibles sospechosos” (posibilitando también la criminalización de la disidencia política). Al involucrar al ejército en la lucha contra las drogas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió, entre diciembre de 2006 y junio de 2008, más de mil 600 quejas contra el Ejército por privación arbitraria de la vida, violaciones sexuales, tratos crueles y tortura, detenciones arbitrarias, robo, amenazas e intimidación. Estas violaciones a los derechos humanos se han sextuplicado en lo que va del sexenio como resultado de los operativos antinarco del gobierno de Calderón.19 En muchas ciudades del país ha habido declaratorias tácitas de ley marcial, sobre todo en los barrios más pobres. Esto sucede en ciudades como Reynosa, Ciudad Juárez y Tijuana, entre otras.
La guerra contra las drogas también limita la libertad de expresión, dado que el gobierno no cumple con un mínimo de protección a periodistas. Según la Federación Internacional de Periodistas, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial, sólo después de Irak, donde el número de periodistas asesinados ha bajado recientemente, mientras que en nuestro país se ha incrementado.20 e) La guerra contra las drogas genera más consumo
Todos los argumentos que he mencionado antes se caerían y no tendrían ningún valor si el argumento más fuerte a favor de la penalización se mantuviera, es decir, que la guerra contra las drogas efectivamente cumple su propósito: evitar que la droga llegue a la población y que se disminuya el número de consumidores y de adictos. Pero hay serias objeciones contra este argumento. Esta guerra es contraproducente precisamente porque tiene efectos opuestos a la intención con que se ejecuta. Si la intención es la de disminuir el consumo de drogas (“
Que la droga no llegue a tus hijos”, es uno de los lemas de esta guerra), el combate al narcotráfico parece haber generado el efecto contrario: se consume cada vez más droga en México. Según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, de 2002 a 2008 el número de personas (incluyendo niños y jóvenes) que probaron alguna droga se incrementó en un millón, subió de 3.5 millones en 2002, a 4.5 millones en 2008, es decir, 28.9% más de lo que hubo en 2002. Por otro lado, el número de adictos pasó de 307 mil a 465 mil casos registrados. Entre 2002 y 2008, el uso de drogas en la población en general de 12 a 65 años registró un crecimiento menor, al pasar de 5.03 a 6% para cualquier sustancia, y del 4.6 a 5.5% en el caso de las ilegales.21 Según datos de la misma encuesta, el gobierno destina a las campañas de prevención de adicciones sólo el 5% de lo que destina a la guerra contra el narcotráfico. El gobierno parece estar errando la dirección en la lucha contra las drogas al no prestar más atención a campañas de prevención, pero también de rehabilitación. Se debe dar prioridad al tratamiento, antes que a la penalización de los consumidores o incluso a la detención de distribuidores. Antes cité a María Elena Medina-Mora, para quien “detener a un gran número de distribuidores no tiene efectos si no se reduce simultáneamente la demanda a través de programas de tratamiento y prevención”.
Se pueden invocar muchos más efectos negativos que tiene la guerra contra las drogas (como que la prohibición incrementa el precio de las drogas; hace lo prohibido más apetitoso; empuja a los narcotraficantes a incrementar la variedad de drogas, creando así más drogas de diseño; mina el poder del Estado, llevándolo a aparecer como un “
Estado fallido”, etc.); sólo he querido resaltar algunos de los efectos más significativos que justifican la afirmación de que la guerra contra las drogas es una guerra inútil y contraproducente. En buena medida, Felipe Calderón ha construido su popularidad y legitimado su gestión llamando a luchar en la “guerra contra las drogas” (aunque esta popularidad va cada vez más en descenso). Parece que Calderón no se ha dado cuenta de que cada vez son más los expertos que afirman que los costos de esta guerra son insostenibles, que esta guerra es y será siempre un fracaso y que es necesario instrumentar una política diferente. En mayo de 2009, Gil Kerilkowske, el zar antidrogas del gobierno de Barack Obama, declaró nulo el concepto de “guerra contra las drogas” dentro de Estados Unidos —aunque el financiamiento a la guerra contra las drogas en México, Centroamérica y Colombia sigue vigente—. Kerilkowske afirmó: “No importa cómo intente uno explicarle a la gente si es „una guerra contra la droga‟ o „una guerra contra un producto‟, la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente en este país”.22 Hay razón en esto: si vemos los efectos negativos que ha tenido esta guerra como efectos perjudiciales para la sociedad, la guerra contra las drogas ha terminado siendo una guerra contra la sociedad misma. Por ello sostengo que mientras más dure esta guerra, peores serán los efectos para la sociedad.
Se tiene que instrumentar una política diferente: tal vez una que empiece por despenalizar la posesión y el consumo de ciertas drogas, como la mariguana, que según se nos dice son “poco adictivas” e incluso pueden tener usos medicinales benéficos. Esto ya ha sido propuesto en la Asamblea Legislativa del DF en octubre de 2008 —misma propuesta que cada día gana más adeptos en distintos estados de la Unión Americana, como en California, donde próximamente se votará una propuesta para despenalizar el uso de la mariguana23—. También necesitamos que el Estado canalice muchos más esfuerzos en campañas de prevención y en tratamientos de rehabilitación de lo que lo ha hecho hasta ahora. Pero sobre todo, hay que instrumentar una política diferente que reconozca algo que no he podido desarrollar aquí: que los adultos son seres autónomos que pueden tomar sus propias decisiones en cuanto al consumo de drogas. Eso se reconoce en el consumo del alcohol y del tabaco, y sin embargo, son drogas cuyo consumo genera más problemas de salud pública y mata a mucha más gente todos los días de lo que lo hacen las llamadas drogas recreativas. Si el alcohol y el tabaco son drogas más dañinas y están permitidas y el derecho a su consumo reconocido, entonces ¿qué justificación puede dar el Estado para no reconocer ese derecho en el caso de las drogas recreativas? No reconocer este hecho, me parece, es una gran incoherencia por parte del Estado; una incoherencia que tiene como consecuencia una guerra inútil y contraproducente.
1 Antonio Escohotado, Historia elemental de las drogas, Anagrama, Barcelona, 1996, p. 100.
2 Esto es algo que ha argumentado, entre otros, Paul Smith, “Drugs, Morality and the Law”, Journal of Applied Philosophy, Vol. 19, No. 3 (2002), pp. 233-244.
3 “México advierte que la crisis dificulta la batalla contra el narcotráfico”, ABC, 1 de marzo de 2009, http://www.abc.es/20090401/internacional-iberoamerica/mexico-advierte-crisis-dificulta-200904010105.html
4 Sergio Aguayo, Almanaque 2009. México, todo en cifras, Aguilar, México, 2009, p. 204.
5 Julio Scherer, “Proceso en la guarida de „El Mayo‟ Zambada”, Proceso 1744, 3 de abril de 2010. 6 Véase Ricardo Ravelo, “La consolidación”, Proceso, ed. esp. 24, mayo de 2009. El eventual desmembramiento de los cárteles puede tener otra consecuencia negativa y es que éstos se pulvericen en pequeñas organizaciones que sean más difíciles de controlar. En Colombia, los cárteles de Medellín y de Cali fueron desmembrados y ahora hay más de 200 pequeñas organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína, que actúan de modo más sigiloso, con menos violencia, pero más efectivamente en el tráfico de drogas. Cfr. Ricardo Ravelo, Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico, De Bolsillo, México, 2008. 7 María Elena Medina-Mora, “Drogas y sociedad”, discurso de ingreso a El Colegio Nacional, 2006.
8 Cfr. Informe Anual 2008 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, http://www.incb.org/incb/es/index.html 9 Douglas Husak, Drogas y derechos, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 89.
10 Aguayo, op. cit., p. 204.
11 “Calderón: seguirá el plan anticrimen, aunque haya más violencia”, La Jornada, 14 de mayo de 2010, p. 9. Véase también “Cosecha de sangre”, Proceso, edición especial no. 28, abril de 2010.
12 Véase, por ejemplo, “Amenaza violencia inversión en México: Carlos Pascual”, El Universal, 20 de abril de 2010.
13 Estas actividades se han incrementado en lo que va de la administración de Felipe Calderón. Véase Guido Peña, “Subieron 90% los secuestros con Calderón”, Milenio, 18 de abril de 2010. Con Vicente Fox, había 432 secuestros denunciados al año, con Felipe Calderón, 818. En 2009 también se incrementaron los homicidios en un 11.5%.
14 Gustavo Castillo García, “Controla el narco a 62% de los policías del país, dice informe”, La Jornada, 1 de febrero de 2009.
15 Cfr. Aguayo, op. cit., p. 205.
16 Juan Montaño, “Caen en cinco años de Gobierno de Fox, más de 64 mil personas involucradas en el narcotráfico, crimen y delincuencia organizada”, Coahuila en línea, http://fox.presidencia.gob.mx/buenasnoticias/?contenido=24179&pagina=107
17 Aguayo, op. cit., pp. 178-179.
18 En el universo total de los delitos sentenciados, es decir, del fuero común y del federal juntos, los delitos relacionados al narcotráfico constituyen casi el 14%. Cfr. Estadísticas judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI, México, 2007, p. 339.
19 Cfr. Jesús Carrasco, “Condena internacional”, Proceso 1706, 12 de julio de 2009.
20 “Crece muerte de periodistas en México, baja a nivel mundial”, El semanario, 4 de febrero de 2009, http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=15360.
21 Consejo Nacional contra las Adicciones, http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_NACIONAL.pdf.
22 David Brooks, “Washington elimina el concepto de „guerra contra las drogas‟”, La Jornada, 15 de mayo de 2009.
23 Wyatt Buchanan, “State‟s voters to decide on legalizing pot”, The San Francisco Chronicle, 25 de marzo de 2010.
