La ignorancia sobre la marihuana, Jorge Javier Romero

La ignorancia sobre la mariguana Por: Jorge Javier Romero Vadillo - febrero 21 de 2014 - 0:00 LOS ESPECIALISTAS, Romero en Sinembargo - 12 comentarios Dos cosas me sorprenden especialmente del debate abierto sobre la regulación de la mariguana: la profunda ignorancia sobre la sustancia que exhiben algunos profesionales de la medicina que ocupan puestos de responsabilidad vinculados a la salud pública y la insistencia de los encargados de desarrollar políticas de prevención y atención de las adicciones en que sea la policía la que haga el trabajo que a ellos les debería corresponder. Hace unos meses el doctor Fernando Cano Valle, Comisionado Nacional Contra las Adicciones, salió a decir que en caso de legalizarse la mariguana en pocas semanas veríamos caminar por las ciudades de México a legiones de zombies descerebrados debido a los daños neurológicos terribles que provoca la sustancia. Pocas semanas después, en un programa de televisión en el que debatimos, moderados por Ciro Murayama, cuestioné al funcionario sobre las fuentes científicas en las que basaba sus dichos; lamentablemente no las pudo citar porque me hubiera gustado conocerlas y contrastarlas con las que yo conozco, como el interesante informe elaborado por el Institute of Medicine de la National Academy of Science (http://medicalmarijuana.procon.org/sourcefiles/IOM_Report.pdf) sobre la mariguana y la medicina, donde después de revisar una amplia cantidad de evidencia científica se concluye que, sin ser inocua, la mariguana no produce daño cerebral a los adultos que la consumen. El doctor Cano sólo atino a decir que desconocía ese estudio y dudó de sus conclusiones. Ahora sale Armando Ahued, el secretario de Salud del gobierno de la Ciudad de México a opinar que la iniciativa para la reducción de riesgos y daños para los usuarios de cannabis, presentada la semana pasada por algunos diputados del PRD en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en inviable, porque los centros controlados de aprovisionamiento de mariguana que propone se convertirían en espacios de promoción de la adicción. ¿Qué sabe el doctor Ahued en realidad sobre la capacidad adictiva de la mariguana? ¿Cuáles son los estudios en los que fundamenta su posición de que abrir espacios seguros, donde esté disponible para los consumidores información sobre adicciones y sobre su atención, va a fomentar el surgimiento de nuevos adictos? Insisto en que me gustaría conocerlos y ver los datos empíricos en los que se basan, porque la autoridad con la que hace afirmaciones el secretario sólo se puede basar en investigaciones muy sólidas, a menos que no sean más que declaraciones irresponsables como las que tan frecuentemente acostumbran los funcionarios mexicanos. También es sorprendente la reticencia que tiene los funcionarios como Cano Valle o Ahued, o los inefables Centros de Integración Juvenil a hacer el trabajo de prevención que tienen encargado, pues en lugar de impulsar que se destinen recursos públicos a sus tareas para, por ejemplo, hacer investigación y, con base en el conocimiento así generado, enfrentar de mejor manera el tema de la prevención de las adicciones, siguen insistiendo en que sea la policía la que contenga la oferta. Durante las últimas décadas, el Estado mexicano ha dedicado cantidades ingentes de recursos a perseguir el mercado de las drogas, pero de acuerdo a la propia información oficial disponible, como la de la Encuesta Nacional de Adicciones, todo el esfuerzo estatal para combatir los delitos contra la salud y para desmantelar a balazos a los carteles de drogas no ha tenido efectos en la reducción de la demanda, la cual, aunque relativamente muy baja en México, ha ido en aumento. El prejuicio nunca es un buen insumo para el desarrollo de políticas públicas. Sin embargo esa parece ser la fuente principal de la que abrevan los encargados mexicanos de enfrentar el tema del consumo de estupefacientes y las adicciones. Los textos que citan, cuando lo hacen, tiene más de veinte años y muchos muestran los sesgos propios de una elaboración realizada bajo la presión ideológica de la guerra contra las drogas desatada desde la década de 1970 por el gobierno de los Estados Unidos. Mucha investigación nueva ha surgido desde entonces, pero a los funcionarios mexicanos parece darles flojera conocerla, no sea que vaya a ir contra sus opiniones. El criterio fundamental que debe regir una política pública es el de su eficiencia para enfrentar el problema que quiere resolver y, por supuesto, si nueva evidencia muestra que podría haber un curso de acción más eficaz o que el camino adoptado previamente conduce a un callejón sin salida, los tomadores de decisiones debería abandonar la política fallida y valorar el nuevo enfoque. Eso en un mundo ideal, porque en la práctica los encargados de implementar cualquier política se aferran a cursos de acción ineficientes o claramente fallidos porque se han especializado en ellos y cualquier cambio representa gran incertidumbre, incluso sobre su futuro laboral. Es lógico que los de la DEA no quieran que se acabe la prohibición, porque se quedarían sin trabajo. Pero cuando los profesionales de la salud se aferran a prejuicios y no son capaces de comprender las ventajas que para su propia tarea podría acarrear un cambio de política, entonces están renunciando a hacer ciencia y actúan como meros creyentes.