Por una politica democr{atica de drogas

Juan Pablo García Vallejo
Mis amigos de Intercambios, Asociación civil para el estudio de problemas relacionados con las drogas, me enviaron el libro América Latina Debate sobre drogas. I y II Conferencias Latinoamericanas sobre políticas de drogas, que nos da cuenta de cómo han cambiado las políticas represivas de drogas en esta parte del mundo para adoptar políticas de salud basada en el respeto de los derechos humanos y la inclusión de los consumidores en la toma de decisiones de las políticas públicas de drogas. Y desde aquí quiero reconocer su valioso trabajo a favor de la despenalización de las drogas en nuestras sociedades.
Aparentemente el debate sobre la legalización de las drogas toma importancia sólo en voz de ex presidentes latinoamericanos que han criticado fuertemente la política criminalizadora prohibicionista impuesta por Estados Unidos.
Pero la mayoría de la población firmo abiertamente desconoce que en casi una decena de países latinoamericanos la propuesta de despenalización de las drogas va consolidándose poco a poco. Sorprende saber que en Uruguay no se criminaliza el uso y consumo de drogas desde 1974, y lentamente aparece la figura de despenalización en Paraguay en 1988, Venezuela en 1993, Colombia en 1994 aunque se re-criminaliza en 2000, Brasil en 2000 y 2006, Chile en 2007, Ecuador en 2008, México en 2009 y Argentina. En este último país se considero inconstitucional la criminalización de la tenencia de drogas para uso personal. México pudo ser líder de todo esto pero la sumisión dócil y ciega a Washington no lo dejo y sólo creó una nueva guerra con altos costos humanos.
Esta obra es significativa porque rompe la espiral del silencio de la prohibición impuesta al debate sobre la despenalización de las drogas en las sociedades latinoamericanas. “Su objetivo es contribuir al debate regional y ser una herramienta útil para quienes se encuentran comprometidos con el proyecto de reforma de las políticas de drogas que asegure la reducción del estigma y la criminalización de amplios sectores de nuestras comunidades, el acceso a sistemas extensivos de protección social mediante el incremento de recursos y la reorientación de las prioridades y la efectiva persecución penal hacia el crimen organizado y la corrupción”.
Estos encuentros regionales para analizar las políticas de drogas en América Latina se realizaron primero a nivel nacional en diversos países y luego se comprometieron a reunirse para compartir experiencias. Los objetivos de estos encuentros fueron: “Propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que responsan y atiendan los diversos problemas asociados con las drogas. Generar un intercambio a nivel regional entre académicos, decisores políticos y sociedad civil, a fin de mantener actualizado el mapa sobre consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región”.
Destacamos la participación de la sociedad civil: “representantes de diversas organizaciones reflexionan sobre los alcances, las limitaciones y los instrumentos para mejorar las posibilidades que la sociedad civil tiene de incidir en el diseño de políticas de drogas”.
Esto es importante porque además de proponer otro modelo humanitario de políticas de drogas se toma en cuenta a los usuarios de sustancias, a diferencia de otros países, como el caso de México que ha restringido el debate sobre las drogas a diálogos institucionales fingidos, con la ausencia de los usuarios, que solo sirven para reafirmar la errónea política punitiva y creen con esto descalificar olímpicamente la despenalización.
La experiencia brasileña en este tema nos debe servir de ejemplo para impulsar políticas democráticas de drogas, es decir, políticas inclusivas que tomen en cuenta a los consumidores no como la fuente del problema sino como parte importante de la solución a los problemas asociados a drogas.
“¡Qué sería una política democrática de drogas?”, se pregunta el diputado izquierdista Paulo Teixeira, en su intervención y él mismo nos la responde para fortuna nuestra. “Sería el respeto y garantía de los derechos humanos de los usuarios y de todos los involucrados. Una política que no se base en el prejuicio, ni en valores morales, pero sí en los valores de la racionalidad, pragmatismo y proporcionalidad”.
Ya no se considera al usuario solo como un cuerpo pasivo en el sistema de salud, o su minusvalorización por el sistema penal y la mercantilización sensacionalista de la nota roja en los medios de comunicación, sino como un individuo con derechos humanos.
“Debemos reconocer la capacidad que el usuario de drogas tiene para reducir o minimizar los daños derivados de su uso, y tratar de fortalecerlo. En lugar de exclusión, la discriminación y el estigma de que son objeto, los usuarios de drogas deben participar en el desarrollo de programas y políticas a su servicio”, afirma el activista cannábico Luis
Con esto se supera la disyuntiva impuesta por la prohibición y su persecución social permanente hacia los usuarios: señalarlos como delincuentes o enfermos. Debemos aprender de estas experiencias y dejar a un lado modelos represivos, autoritarios y violatorio de los derechos humanos por una propuesta más amplia, extensiva e incluyente en políticas democrática de drogas, que en definitiva beneficiara a toda la sociedad.

*Error histórico la prohibición