Las drogas: ¿Liberalización o legalización?

XVIII COLOQUIO NACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA
CMPF y UAS, Culiacán, Sinaloa, noviembre de 2006
Eduardo Harada O.
1. El problema del narcotráfico en México: ¿cuál es la solución?

En los últimos años, los crímenes violentos relacionados con el narcotráfico, principalmente, los ajustes de cuentas y las ejecuciones, han aumentado de forma preocupante en nuestro país.
De acuerdo con los especialistas, la explicación a ello se encuentra en que el territorio mexicano ha dejado de ser únicamente un lugar de producción o exportación de drogas para convertirse en uno de consumo: por eso, los cárteles de la droga llevan a cabo diariamente en las calles de nuestras ciudades una lucha despiadada para controlar el mercado interno.
Frente a ello, el gobierno mexicano, además de promover y realizar campañas en los
medios masivos de comunicación para prevenir y evitar el consumo de drogas (del tipo “Di no a las drogas”), destina cada vez más recursos a la lucha en contra del narcotráfico. Incluso, algunos sectores de la sociedad mexicana han llegado a exigir la intervención directa del ejército en este problema, pues consideran que en su solución se encuentra en juego la soberanía nacional. En
efecto, se argumenta que las drogas no sólo son un problema personal de quienes las consumen o siquiera de salud pública, sino, ante todo, de seguridad, pues su tráfico ilegal provoca un debilitamiento de las instituciones y de la gobernabilidad del país. En concreto, los cárteles de la droga pueden llegar a adquirir tanto o más poder, no sólo económico sino también político y hasta militar, que el estado mismo.
Justamente, pensando en mejorar la seguridad nacional, en enero de 2004 el Ejecutivo
mexicano envío al Senado de la República un proyecto por el cual se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud. El principal objetivo de dicho proyecto era concentrar los esfuerzos de todos los niveles del gobierno mexicano en contra de los narcotraficantes en lugar de dirigirlos hacia los consumidores. Para conseguir eso, se proponía convertir al narcomenudeo en un delito del fuero común de modo que los gobiernos estatales y municipales pudieran perseguirlo junto con el gobierno federal. Pero para que esto último
resultara factible era necesario diferenciar al narcomenudeo de la portación de drogas para uso personal por parte de los consumidores (hecho que, con las nuevas disposiciones mencionadas, quedaría despenalizado, si llegara a ocurrir por primera ocasión). Así, se estableció una tabla que fijaba lo que se considerarían dosis personales de las drogas conocidas. En concreto, se permitiría
la portación de hasta 25 miligramos de heroína, cinco gramos de marihuana y medio gramo de cocaína; además, de LSD, éxtasis, anfetaminas y otras drogas en pequeñas cantidades.
El decreto fue aprobado, con ciertas modificaciones, por el Congreso de la Unión a finales de abril de 2006, por lo cual fue reenviado al Ejecutivo federal para que lo publicara y, de este modo, entrara en vigencia. Sin embargo, a principios de mayo, a pesar de que el decreto era consecuencia de su proyecto y un día antes su vocero aseguró que lo firmaría, Vicente Fox decidió regresarlo a las cámaras (es decir, “mandarlo a la congeladora”, como se dice en la jerga legislativa), debido a las presiones que recibió por parte de la DEA y de los gobernadores de los
estados norteamericanos fronterizos, quienes expresaron su preocupación acerca de que la aprobación en México de ese paquete de medidas legales daría lugar a un turismo con el único fin de consumir drogas, es decir, podría crear en el extranjero la falsa idea de que en México la venta y el consumo de las drogas habían sido completamente liberalizados (promovería la demanda).
Es evidente que el problema de las drogas es muy importante, no sólo en México sino en todo el mundo, no obstante, hasta ahora ha sido sistemáticamente descuidado o dejado de lado por la bioética, en concreto, por la reflexión filosófica.
Quizá, esto haya sucedido porque, a diferencia de lo que ocurre con otros problemas
bioéticos (por ejemplo, el aborto, la eutanasia o la clonación) frente a los cuales se acepta que puede haber posturas a favor y en contra de su legalización, pues ésta puede tener tanto efectos positivos como negativos, en cambio, se considera que las drogas son siempre “malas” y que nadie puede argumentar racionalmente en términos morales a favor de su legalización.
En tanto que se estima que el consumo de drogas atenta contra lo que convierte a los seres humanos en tales, es decir, su conciencia y libertad (los vuelve esclavos de algo que les hace daño o que destruye su salud, cuerpo, vida y voluntad), su discusión no giraría en torno de principios y valores morales, sino tan sólo acerca de los medios prácticos, médicos, legales o políticos, para impedir, enfrentar y eliminar su producción, distribución y consumo.
Sin embargo, se olvida o desconoce que existen pensadores, tanto de izquierda como de
derecha, entre ellos, reconocidos escritores, filósofos y economistas, que, precisamente, en nombre de la libertad individual argumentan a favor de la legalización de las drogas.
En efecto, aunque quizá a algunos les parezca absurdo que siquiera se plantee la
posibilidad de la “legalización de las drogas”, ya que éstas son sustancias artificiales que modifican el estado interno natural de los organismos vivos y que pueden conducir a su muerte, por lo cual pueden y deben ser prohibidas, sin embargo, existen argumentos empíricos, prácticos y éticos a favor no sólo de su legalización sino, inclusive, de su liberalización.
En esta ponencia se discutirá el problema de si en una sociedad democrática la libertad individual implica necesariamente la legalización de las drogas, entendiendo por esto que su producción, distribución y consumo queden libres de cualquier control por parte del estado y únicamente se sometan a las leyes del mercado.
En concreto, lo que trataré de mostrar es que 1) la regulación por parte del estado no se contrapone a libertad individual, sino que, por el contrario, la implica como su condición de posibilidad y 2) ‘legalización’ de las drogas sólo puede significar el establecimiento de un nuevo tipo de regulación estatal de modo que en algunos casos sean permitidas, mientras que en otros queden prohibidas.

2. Argumentos neoliberales a favor de la liberalización de las drogas

Como señalé al principio, algunos pensadores han argumentado a favor de la legalización de las drogas, a la cual conciben, más bien, como una ‘liberalización’ de mercados. Los argumentos que emplean son básicamente de tres tipos: empíricos, prácticos y éticos. A continuación, aunque sea de forma muy sucinta, trataré de exponer los principales. Después, en la siguiente sección, haré una crítica, también breve, de ellos, sobre todo, de los que tienen que ver con principios y valores
morales.

1) ARGUMENTO EMPÍRICO: la prohibición de las drogas se basa en ideas falsas sobre ellas. En efecto, normalmente se define a las ‘drogas’ como sustancias que modifican las funciones del sistema nervioso central, es decir, que afectan la forma de pensar y actuar de quienes las consumen y que, además, crean tolerancia y dependencia psicológica y fisiológica en ellos.
Pero de inmediato nos daremos cuenta que la definición anterior es poco satisfactoria, pues existen muchas sustancias completamente legales y que comúnmente no son consideradas drogas (por ejemplo, el tabaco) que no sólo comparten cada una de las características mencionadas sino que, además, tienen efectos más severos que los que originan otras que se hallan prohibidas (por ejemplo, la marihuana).
Ahora bien, si lo anterior es cierto, lógicamente surge la pregunta de por qué algunas drogas son legales mientras que otras no lo son. Es más, brotan dudas acerca de si tiene algún sentido tratar de prohibir parte de ellas y si no todas deberían estar igualmente permitidas, si la decisión de prohibir algunas de ellas es completamente arbitraria, no tiene ningún fundamento o, simplemente, es ideológica, en el sentido de que a pesar de que se presenta como neutral y objetiva, apoyada en razones médicas, favorece los intereses de algunos grupos (en concreto, los grandes productores y distribuidores tanto de las drogas legales como de las ilegales).

2) ARGUMENTO PRÁCTICO: la prohibición de las drogas provoca más problemas de los que resuelve. Es decir, la criminalidad que existe en torno a las drogas no es causada tanto por su consumo sino, más bien, es un efecto de la prohibición estatal que pesa sobre ellas.
Efectivamente, debido a la ley de la oferta y la demanda, la prohibición encarece su precio, hace más atractiva su producción y distribución y favorece a los narcotraficantes con ganancias totalmente desproporcionadas con respecto a sus costos reales. Es decir, la prohibición estatal distorsiona el funcionamiento natural del mercado y favorece a los cárteles de la droga los cuales, en términos prácticos, constituyen monopolios que libres de toda competencia.
Por el contrario, si las drogas dejaran de estar prohibidas entonces la criminalidad
relacionada con ellas desaparecería o, por lo menos, se mantendrían dentro de los estándares normales propios de las drogas legales, como el alcohol.
De acuerdo con esta perspectiva, el problema con las drogas no es tanto su producción o distribución sino su consumo: lógicamente, mientras haya demanda, habrá oferta. Y el hecho es que, a pesar de la “guerra contra las drogas” que se ha emprendido a escala mundial desde hace varias décadas (con EUA a la cabeza), el consumo no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado pues es imposible ir en contra de las leyes del mercado: si alguien tiene una necesidad siempre encontrará un mercado, libre o negro, donde satisfacerla, pero, también, de la naturaleza humana: podemos encontrar la necesidad por las drogas en todas las culturas y épocas.
Así, lo único que les queda a los estados nacionales es legalizar lo que ocurre de hecho en su territorio, es decir, manejar las drogas de la misma manera que se trata a cualquier otra mercancía: dejar su producción, distribución y consumo en manos del libre juego de las fuerzas del mercado para que éste se autorregule, sin necesidad de alguna intervención externa.

3) ARGUMENTO MORAL: la prohibición de las drogas atenta contra la libertad
individual. Esto es, se argumenta que no sólo la prohibición de algunas drogas descansa en ideas falsas y es contraproducente en términos prácticos, sino que, más importante, es inmoral en términos morales.
En el mundo moderno y en las sociedades democráticas el valor moral y político
fundamental es la libertad individual o el derecho de las personas a hacer con su vida y cuerpo lo que quieran, incluido ponerlos en peligro o destruirlos, sin que nadie, ni siquiera el estado, deba interferir en ello. En concreto, no es tarea de los estados o de los gobiernos determinar qué es bueno o malo para los individuos, sino que éste es un asunto que les corresponde decidir únicamente a cada uno de ellos.
Por supuesto, la única limitante a ese derecho es que no se perjudique a terceros, pero en el caso de las drogas esto no ocurre, pues sólo afectan el sistema nervioso central de quienes voluntariamente las consumen.
Por lo demás, las drogas no son en sí mismas buenas ni malas sino sólo lo es el uso que se puede hacer de ellas: lejos de necesariamente conducir a la muerte o destruir la vida de quienes las consume, pueden ser poderosos medios para expandir la consciencia, obtener nuevos placeres y potenciar las capacidades humanas, especialmente la creatividad, lo cual, de nuevo, es algo sumamente valorado en el mundo moderno, además de que se encuentra en perfecta sintonía con el individualismo y hedonismo característicos de nuestras sociedades, principalmente, de los
sectores más jóvenes.
En conclusión, de acuerdo con esta postura si la prohibición de algunas drogas se basa en ideas falsas sobre ellas, provoca más problemas de los que resuelve y se haya en contradicción directa con uno de los principios y valores morales fundamentales del mundo moderno y de las sociedades democráticas, entonces lo más conveniente sería legalizarlas, entendiendo por ello la desaparición de todo control estatal para que su producción, distribución y consumo queden sometidas exclusivamente a las leyes del libre mercado.
Y no se crea que los anteriores “argumentos” son, simplemente, “mariguanadas de
mariguanos”, ya que el norteamericano Milton Friedman, Premio Nóbel de Economía en 1976, principal representante de la Escuela de Chicago y admirado o despreciado por ser uno de los padres del neoliberalismo, desde los años setenta, repetidamente ha hecho uso de ellos.
Pero tampoco son únicamente la expresión del cinismo descarado de quienes buscan
entronizar la libre empresa a costa de lo que sea (no sólo la vida y la salud de los consumidores sino inclusive la existencia misma de las sociedades), pues reconocidos y respetados intelectuales libertarios hispanoamericanos, considerados progresistas y de izquierda y, por tanto, enemigos del neoliberalismo, como el colombiano Gabriel García Márquez y el mexicano Carlos Fuentes así como los filósofos españoles Fernando Savater y Antonio Escohotado, también los han esgrimido.

3. Una perspectiva auténticamente liberal sobre el problema

Los argumentos empíricos y prácticos neoliberales o libertarios a favor de la legalización de las drogas, entendida como una ‘liberalización’, no sólo pueden resultar atractivos sino que contienen una buena dosis de razón: si se reconoce la falsedad de algunas ideas sobre las que reposa su prohibición y que ésta tiene más efectos negativos que positivos, entonces, lógicamente, no queda otra alternativa sino aceptar la revisión y, eventualmente, la reforma de la legislación existente sobre ellas.
El problema es si más allá de los argumentos basados en hechos o de los que se refieren a consecuencias prácticas, puede haber argumentos fundados en principios y valores morales que puedan justificar, en general, la regulación y, en concreto, la prohibición de algunas drogas por parte del estado, es decir, si es verdad, como sostienen los libertarios y neoliberales, que en una sociedad democrática la producción, distribución y consumo de las drogas puede y debe dejarse
al libre juego de las fuerzas del mercado sin ninguna intervención estatal (como si esta última fuese, automáticamente, equivalente a totalitarismo).
Aunque es cierto que en una sociedad democrática uno de los valores morales y políticos fundamentales es y debe ser siempre el respeto a la libertad de los individuos, no obstante, desde una perspectiva auténticamente liberal (por ejemplo, la de Karl R. Popper) es falso que esa libertad individual se contraponga a la intervención del estado, pues la verdad es que la presupone como su condición de posibilidad.
A diferencia del libertarismo o neoliberalismo, el liberalismo reconoce que,
inevitablemente, la libertad individual debe ser restringida por el estado, pues las acciones de un ciudadano pueden afectar -de manera más o menos directa- a los demás, lo cual no sólo puede conducir a constantes e interminables conflictos sino a la anulación de la propia libertad: el ejercicio de la libertad de unos puede volver imposible la libertad de los otros. Así, en un estado democrático los ciudadanos eligen libremente un gobierno para que garantice su libertad, pero a condición de limitar la de todos. El precio de vivir en una sociedad democrática es aceptar que
nadie puede hacer todo lo que quiera ni con su cuerpo ni con su vida y que, por el contrario, existen reglas y leyes que determinan en cuáles circunstancias está permitido y prohibido.
En el caso de las drogas lo anterior significa que su ‘legalización’ sólo puede constituir una regulación diferente a la que está vigente por parte del estado y no una “liberalización” (completa), si se entiende por esto último “eliminar todas las leyes para que cada quién haga lo que quiera”, lo cual es no es posible ni en éste ni en ningún otro caso. Más bien, ‘legalización’ de las drogas sólo puede significar que en ciertas circunstancias específicas su producción, distribución y consumo será legal y no estará penalizado, mientras que en otras, igualmente específicas, continuará estando prohibido y será castigado.
Por otra parte, la respuesta a la pregunta de por qué algunas drogas están prohibidas
mientras que otras no lo están reposa en que aunque es cierto que todas las drogas afectan el sistema nervioso, sin embrago, no todas lo hacen de la misma manera o que algunas lo hacen de tal modo que las acciones de las personas pueden resultar peligrosas para ellas mismas y para los demás. Es más, algunas pueden poner en peligro las condiciones que hacen posible una sociedad liberal y democrática: en concreto, las acciones libres y conscientes y, por tanto, responsables de los individuos.
Desde luego, junto con Michel Foucault, debemos oponernos a la gubernamentalidad, el
biopoder, la normalización y la medicalización, es decir, a la forma en que se ejerce en las sociedades modernas el poder sobre la vida de los individuos y las poblaciones, previamente construidos como tales. En concreto, debemos cuestionar y rechazar el estado terapéutico que, con base en criterios supuestamente científicos y objetivos acerca de la “normalidad” y la “salud”, pretende hacerse cargo del bien y la felicidad de los individuos.
Pero la realidad es que las drogas no sólo afectan el cuerpo y la vida de quienes las
consumen, sino que también producen daños sociales, como la baja en el rendimiento escolar y laboral o enormes costos en la seguridad social debido a las enfermedades y los accidentes que provocan, los cuales terminan siendo pagados por todos los ciudadanos, por lo que el estado no tiene otra alternativa que intervenir en ello.
A quienes hablan de “nuestro derecho a las drogas” habría que recordarles que no existen derechos absolutos o irrestrictos, sino sólo dentro de ciertos límites, ya que todo derecho siempre supone ciertas obligaciones así como penalizaciones en caso de que no se las cumpla.
No obstante, quienes normalmente están a favor de la “legalización de las drogas” pocas veces proponen algo concreto acerca de cómo llevar a cabo ese proceso, es decir, cuál sería el nuevo régimen legal que sustituiría al actual, pues parecen creer que con la legalización todas las leyes desparecerían y junto con ellas, mágicamente, los problemas para los cuales fueron creadas.
Lo cual pone de manifiesto que detrás de sus planteamientos subyace una actitud
decisionista, según la cual el problema de las drogas son, en el fondo, meramente convencional, de tal modo que se esfumará, mágicamente, gracias a la eliminación de las leyes prohibicionistas.
Pero la realidad es que aunque teóricamente con la legalización desaparecerían muchos delitos, es seguro que surgirán nuevos problemas, posiblemente más difíciles que los actuales.
De hecho, tomando en cuenta cuestiones realmente prácticas, una ampliación de la
legalización de las drogas en un país sólo podría resultar factible si es gradual y se realiza al mismo tiempo en otras naciones, sobre todo, las vecinas, pues, como acabamos de constatar hace unos meses, proponer en México una legalización de la portación de drogas para consumo personal con el fin de combatir el narcomenudeo es completamente ilusorio mientras EUA mantenga su política prohibicionista (lo cual es lo mismo que decir, intervencionista y proteccionista).
Asimismo, sabemos que, como sucede en todos los ámbitos de la economía mundial, la
supuesta ‘liberalización’ del mercado de las drogas terminaría por favorecer no tanto a los consumidores sino a las empresas trasnacionales (gracias, entre otras cosas, a las políticas económicas intervencionistas, proteccionistas, etc., de sus gobiernos) y perjudicando, en cambio, a la mayor parte de la población de países como el nuestro, a los que se exige la apertura irrestricta de sus fronteras al libre comercio.

4. Aclaraciones finales

En esta ponencia traté de mostrar que dado que existen muchas ideas falsas sobre las drogas y la prohibición de algunas de ellas provoca más problemas de los que resuelve, las legislación actual sobre ellas en México y el mundo debería ser revisada y, quizá, hasta modificada.
Sin embargo, también señalé que ello no significa que su control estatal deba o pueda ser eliminado por completo. ‘Legalizar’, dije, no es, de ningún modo, sinónimo de ‘liberalizar’, lo cual no es posible ni en el caso de las drogas ni en ningún otro caso, ya que, contrariamente a lo que plantean neoliberales y libertarios, la intervención del estado no se contrapone a la libertad individual, sino que es aquello que la hace posible.
En realidad, ‘liberalizar las drogas’ sería tanto como pasar de un extremo a otro: de una restricción arbitraria de algunas drogas a una liberalización ilimitada, igualmente injustificada, de todas. Sin embargo, una liberalización absoluta resultaría tan irracional y poco factible como lo es pretender prohibirlas completamente.
Pero antes de terminar, por si quedara alguna duda o si no fui suficientemente claro,
quiero puntualizar que plantear el problema de la legalización de las drogas o, incluso, aportar argumentos a favor de ella, no es para nada lo mismo que “hacer una apología de la drogadicción” u “oponerse a que se combatan las adicciones”.
A lo que sí equivale es a cuestionar la hipocresía o doble moral de una cultura que de manera totalmente arbitraria permite y tolera algunas drogas, mientras que injustamente prohíbe y condena otras.
También significa mostrar que ante el problema de las drogas, al igual que frente a otros problemas bioéticos, no existen soluciones mágicas, completas o que eliminen todos los problemas de una vez y para siempre o que, a su vez, no produzcan nuevos problemas, imprevistos e imprevisibles y quizá peores que los originales.
Y supone cuestionar que algunos argumentos neoliberales que generalmente rechazados
cuando se refieren a la educación o la salud sean vistos con simpatía cuando se les emplea para justificar la legalización de las drogas.
Aunque nos prometan el paraíso de la libertad ilimitada, no caigamos en el consumo de
las mercancías neoliberales.


Bibliografía


Curtet, F., La droga, Paradigma, Madrid, 1997.
De Greiff, P. y G. de Greiff (compils.), Moralidad, legalidad y drogas, FCE, México, 2002.
Derrida, J., “La farmacia de Platón”, La diseminación, Fundamentos, Madrid, 1997.
-----, “La rétorique de las drogues”, Points de suspensión. Entretiens, Paris, Galilée, 1992.
Escohotado, A., Historia de las drogas, 3 v., Alianza, Madrid, 1990.
XVIII COLOQUIO NACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA
CMPF y UAS, Culiacán, Sinaloa, noviembre de 2006
13
-----, Breve historia de las drogas, Anagrama, Barcelona, 1990.
Foucault, M., Defender la sociedad, FCE, Bs. As., 1997.
Friedman, M. y R. Friedman, Free to Choose, Harcourt, Florida, 1990.
Gafo, J., “Droga”, Bioética. 10 palabras clave, Verbo Divino, Navarra, 1993.
García Ramírez, E. Drogas. Análisis jurídico del delito contra la salud, SISTA, México, 1989.
Husak, D. N., Drogas y derechos, FCE, México, 2001,
Martí Tusquetd, J. L. y M. Murcia Grau, Conceptos fundamentales de la drogadependencia, Herder,
Barcelona, 1998.
Popper, K. R., La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, México, 1992.
----, The Lesson of this Century. With two talks on freedom and the democratic state, entrevista con
Giancarlo Bosetti, Routledge, Londres, 1997.
Savater, F., Ética para Amador, Ariel, Madrid, 1991,
-----, A decir verdad, México, FCE, 1987.
-----, Libre mente, Madrid, Espasa Calpe, 1995.
Smith, P. H., El combate a las drogas en América, FCE, México, 1993.
Szatsz, T., Droga y Ritual, FCE, México, 1990.
-----, Nuestro derecho a las drogas, Anagrama, Barcelona, 1993.